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El destino de la universidad peruana de nuevo está en debate


En 1995, se intervino a San Marcos y otras universidades públicas, con el pretexto de que se hallaban politizadas. El 2001, con  el regreso a la democracia, se comenzó a hablar de una nueva reforma universitaria.

Pero ha pasado mucho tiempo y no se ha hecho casi nada. En parte, ello es responsabilidad de la propia comunidad universitaria que durante las tres últimas décadas no ha sido capaz de generar una discusión a fondo sobre el tipo de universidad que corresponde construir en estos tiempos, traducirlo en un proyecto político e instalarlo en la agenda nacional. No obstante, es necesario que la comunidad universitaria encare este debate, de manera que podamos poner freno a la mercantilización de la educación superior universitaria y promover el desarrollo de la universidad pública.
Para ello, lo primero es definir si la universidad peruana requiere urgentes cambios, o si el modelo actual es el más adecuado para su desarrollo, tal como afirman los dueños de las universidades con fines de lucro (que se aferran al D.L. 882), en coro con los rectores de las universidades públicas (que sacralizan la obsoleta Ley Universitaria de 1983). Tal es la línea divisoria básica que define los campos y el posicionamiento político de los actores en relación a la actual discusión sobre la universidad en el Perú. Apostar por el cambio conlleva apostar por la discusión de una nueva Ley Universitaria cuyos términos, ciertamente, hay que discutir en detalle; supone comprender que la legislación que ahora tenemos, además de obsoleta (la agenda universitaria plasmada en la Ley Universitaria Nº 23733 corresponde a los años 20 del siglo pasado, a un escenario nacional e internacional distinto al actual), padece de incoherencias que son el resultado de múltiples enmiendas, entre las cuales las mayores provienen del D.L. 882, que abre la posibilidad de crear universidades con fines de lucro. No comprender aquello conduce a situarse en el mismo campo que los dueños de las universidades negocio y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), entidad en el sector privado constituye mayoría y se entiende bien con la mayor parte de los rectores de las universidades públicas, atentos a sus intereses por encima de los de la universidad y el país.
Para nadie es un secreto que al amparo de una autonomía deformada hasta convertirse en autismo, sectores con escasos escrúpulos se han apoderado de la universidad para su provecho particular, contando con recursos provenientes de la mercantilización de la educación.  Se entiende, por tanto, que la mayoría de rectores pierdan el sueño cuando se habla de voto universal y directo, de desmontar la ANR o de constituir un organismo nacional autónomo conformado por académicos de reconocida trayectoria que coordine la actividad universitaria y establezca garantías públicas del cumplimiento de estándares mínimos de calidad y pertinencia en la actividad universitaria, tal como lo proponen la FENDUP (gremio de docentes de la universidad peruana) y el Consejo Nacional de Educación, que plantean un nuevo ordenamiento de la educación superior universitaria.
Para promover el desarrollo de la universidad peruana debería constituirse un sistema universitario nacional, con un órgano rector de rango ministerial, conformado por académicos de reconocida trayectoria, que representen a la comunidad universitaria y promuevan procesos de mejora de la calidad académica, con un fuerte impulso a la investigación, contando con fondos adicionales para ello. De igual manera, puesto que la auténtica autonomía debe empoderar institucional, académica y políticamente a la comunidad universitaria, es preciso terminar con el nefasto sistema electoral indirecto para elegir a las autoridades universitarias, que sólo ha producido corrupción de estudiantes y clientelaje entre los docentes, y ha servido para que sectores académicamente mediocres e inescrupulosos capturen el gobierno de las universidades.
En su conjunto, con todos sus defectos y limitaciones, el Proyecto de Ley en discusión es más favorable al desarrollo de la universidad peruana que la Ley vigente, que resulta inadecuada para encarar los retos que plantea el mundo contemporáneo, caracterizado precisamente por la centralidad de la producción de conocimiento función clave de la universidad- como factor de poder.
Otra vez, como en otras etapas de nuestra historia, la discusión sobre la universidad nos confronta con la necesidad de discutir el destino del país. Para que esa discusión tome un curso adecuado a los intereses del país y de la comunidad universitaria es preciso que visualicemos bien quiénes apuestan realmente por una autonomía universitaria auténtica, que empodere a docentes, estudiantes y trabajadores, y quiénes se oponen a ello porque quieren mantener la universidad pública en la situación de autismo, encierro detrás de sus muros, debilidad y abandono en que se halla, para beneficiarse de esta situación.
Lo que corresponde es afirmar la necesidad de una nueva Ley Universitaria y exigir que el proyecto de ley en discusión atienda a la opinión de la comunidad universitaria e incorpore las modificaciones y añadidos que sean necesarios. Esa posibilidad está abierta en la medida en que el congresista Daniel Mora ha manifestado su disposición a reconsiderar lo que fuese necesario, en diálogo con los interesados en que haya una nueva Ley Universitaria, al mismo tiempo que ha tomado distancia de la ANR y de las presiones extremas del sector privado. La situación es pues oportuna para promover una discusión sin premura ni improvisación, sumando esfuerzos políticos, profesionales y técnicos que apunten a poner las bases jurídicas de la nueva universidad peruana.

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